La televisiones autonómicas están en crisis, y la necesidad de su existencia ha entrado a debate. Quienes defienden su existencia postulan que son la ventana a una realidad culturar ignorada por las televisiones privadas. Quienes están en contra defienden que cuestan mucho y arrastran una deuda desmedida.
En este contexto, el Partido Popular está estudiando una conjunto de medidas dirigidas a sanear el sector audiovisual español. En relación a las televisiones autonómicas propone o bien privatizar todas las cadenas o bien agruparlas en un único canal a nivel nacional – medida apoyada por UTECA-, en el cual no habría publicidad.
Con esta última medida se busca ahorrar costes aprovechando las sinergias y la integración de recursos. Este canal autonómico único funcionaría a través de desconexiones: cada comunidad podría emitir dentro de su área geográfica aquella programación que quisiera. Pero este canal plantea un problema: emitiría en castellano, y esto no agrada a las autonómicas con dialecto propio.
En el caso de no poder emprender la privatización, también se habla de retirar la publicidad de estos organismos, como se hizo con TVE, pero la FORTA (Federación de Organismo de Radio y Televisión Autonómicos) no apoya la medida. A este respecto, Albert Surio, presidente de EiTB, autonómica vasca, defiende el modelo de financiación mixta (actividad comercial y financiación estatal) pues considera que las autonómica son “una ventana a los anunciantes territoriales”.
Otra posible solución sería mantener el sistema actual pero externalizando servicios públicos.
El Partido Popular también está estudiando la posibilidad de que TVE vuelva a tener publicidad, pero en determinadas franjas horarias. La cadena no podría emitir publicidad en Prime time, horario reservado para las cadenas comerciales.
Hay que destacas que para que se pudiera llevar a cabo una privatización de las cadenas autonómicas sería necesario reformar la Lay General de Comunicaciones Audiovisuales, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En torno al plan del Partido Popular encontramos todo tipo de reacciones.
Quienes defienden su desaparición y privatización esgrimen los siguientes argumentos: arrastran mucha deuda pública, cuestan mucho al pueblo y están mal gestionadas.
Uno de los ejemplos que se pone como prueba de mala gestión es que TV3, TPA, IB3 y Canal 9 adquirieron los derechos de la fórmula, también emitida por La Sexta. ¿Por qué pagar por emitir algo que ya se emite en una cadena en abierto a nivel nacional?
En referencia al coste de la televisión autonómica, según datos de UTECA, cada español paga, de media, 105 euros al año, frente a los 34 que se abonan por RTVE.
Rosa Díez, fundadora del partido Unión, Progreso y Democracia, defiende que las cadenas autonómicas deben ser cerradas, no privatizadas, alegando que con las pérdidas que arrastran ningún inversor privado va a estar dispuesto a hacerse cargo del endeudamiento.
El periodista José Lui Cebrián propone cerrar o privatizar todas la cadenas autonómicas a excepción de aquellas con lengua propia. El diputado Josep Antoni Duran i Lleida también defiende esta postura. En su momento declaró: “¿Tiene sentido que exista una televisión autonómica en Cataluña? Yo creo que sí. ¿Tiene sentido en otras comunidades donde no hay un hecho diferencial de lengua? Seguramente no”.
Mónica Tembas, directora de Tv3, critica que se ponga en duda a las cadenas autonómicas por su nivel de endeudamiento y sus costes pero que no se valore su “función social”. En esta línea de argumentación se sitúan aquellos que defienden la necesidad de cadenas autonómicas.
Teresa Díez Recio, ex jefa de programas de entretenimiento de Canal Nou defendió en el II Encuentro de Guionistas, que se celebro a principios de noviembre en Madrid y al cual asistió como ponente, que las cadenas autonómicas, y la televisión pública en general, son necesarias en tanto que permiten hablar de temas que reflejan la realidad cultura de un país pero que no tendrían cabida en cadenas privadas.
La Federación de Asociaciones de Prensa Español (FAPE) también ha mostrado su rechazo a una privatización de las cadenas de televisión autonómicas.
El temor parece ser entonces que con la privatización se pierda un fuerte motor de cohesión y educación social.
Comunidades tales como Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja o Madrid se han manifestado a favor de la privatización.
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